el FMI y sus colaterales locales

El perdon de Camdesus por haber cometido errors en las recomendaciones que el FMI hizo durante los treinta a;os de neoliberalismo a Argentina, por lo inconducente e inoportuna resulta una ofensa a la inteligencia, y una invitaci’on a pedir alli tambien Memoria, Verdad y Justicia.;
Los padecimientos del pueblo argentina, que pago con sangre de 30000 desaparecidos el primer experimento llevado a cabo por la Dictadura Militar brazo armado del mas brutal capitalismo financierizado, y continu’o hasta el 2001 pagando tambien con vida y hacienda el famoso consenso de Washington, no admiten sino repulsa y exigen Memoria y Justicia. Ya la CSJN ha ratificado la prision del genocida Martinez de Hoz que en un curioso caso antepuso vida y libertad de un ciudadano a un simple negocio econ’omico.
Hoy frente a la Crisis europea, asoman débilmente los indignados, salen de debajo de las alfombras los lamentos e imputaciones de ciudadanos que habian sido cooptados por el discurso unico, que no advertían el peligro hasta que la crisis se extendio como una mancha de aceite.
Por ello, se han puesto en cuesti’on las recetas de rescate a cambio de ajuste, que fue estilo durante los 70,80 y 90 para argentina, con un coro de loas al Mercado, que no es otra cosa que un ente ficcional integrado por especuladores y manipuladores de opinión publica en exclusivo beneficio de intereses particulares. Asi el fiscal italiano Michele Ruggiero de Trani, al sur de Italia, esta investigando a Moody’s de triste recuerdo en nuestro pais que etablecia el “riesgo pais” en un sube y baja colapsante de cualquier vida economica equilibrada. Alli, hoy 25/6/11 en Italia como indica el diario El pasis, en el ojo de la tormenta europea la citada calificadora, aquí tan respetada, ha contribu’ido según parece a la caida de los bonos y la perdida de confianza de inversores y consumidores induciendo el camino del descenso para la economia italiana, como ya lo han logrado con los Pigs.
El mismo gobierno norteamericano tan sumiso de mercados y financistas esta en la misma linea tratando que estas tres principales agencias de rating del mundo (Moody's, Standard and Poor's y Fitch) consultoras admitan que “sus errores” han contribuido a la caida de bancos y expectativas economicas de la region.
Sin embargo aquí en Argentina, pais en el cual con viento de cola y rigurosas politicas publicas para no desaprovecharlas, adecuadas a la conyuntura internacional nos ha permitido tener un crecimiento con justicia social en estos 8 a;os, hay quienes desde la oposición vuelven a la recitar los versiculos neoliberales y vituperan al Estado que sanciona a consultoras interesadas en desequilibrar económicamente al pais, demandando contencion del gasto publico (como denominan eufemísticamente a las politicas sociales en un pais que fue devastado durante los 90)
Fue patetico la conferencia de prensa rendida por los partidos de la oposición en el Congreso, para transmitir a la poblaci’on un contrapunto del indice de precios obtenido con un promedio “objetivo y desinteresado” de las consultoras locales, para supuestamente demostrar lo erroneo de los indices oficiales y proteger a estas cientificas y neutrales entidades del control del Estado. Pero, bueno cada quien defiende sus intereses, las sociedades anonimas como son las consultoras y calificadoras de riesgo buscan ganar dinero, y los que dieron la conferencia de prensa? A quien representan? Preguntas abiertas, respuestas supuestas.

seguridad nacional o seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana como seguridad nacional
Miguel Concha
E
sta semana iniciaron en la Cámara de Diputados las audiencias públicas sobre la minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Debe tomarse en cuenta entonces la exigencia que el 8 de mayo una abigarrada multitud plural de ciudadanas y ciudadanos hizo en el Zócalo capitalino, corazón de la República, en el segundo punto de un pacto nacional hacia la construcción de un México verdaderamente justo, digno y seguro, que ayer fue firmado por cientos de organizaciones en Ciudad Juárez: cambiar el enfoque militarista de guerra y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos”.
Algo que por cierto no hemos encontrado en las iniciativas de reforma que hasta ahora conocemos. En su minucioso Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, publicado el 31 de diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda que el concepto de “seguridad ciudadana” surgió en América Latina en el curso de las transiciones políticas a la democracia, como un instrumento para diferenciar la naturaleza de la seguridad en un régimen democrático, frente a la seguridad en los regímenes autoritarios. Vale decir –digo yo– los regímenes militares de la ideología de la seguridad nacional o civilistas de fachada. Y es precisamente en los regímenes autoritarios, afirma la CIDH, “donde el concepto de seguridad está asociado a los conceptos de ‘seguridad nacional’, ‘seguridad interior’ o ‘seguridad pública’, que se utilizan en referencia específica a la seguridad del Estado”.
Sin olvidar, añado, que en ese tipo de regímenes el Estado pretende ideológicamente ocupar el lugar de la nación, e incluso ésta ideológicamente también cancelar a los ciudadanos y sus derechos. Lo cual de ninguna manera queremos ni auguramos para México. Para la CIDH en cambio el concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para abordar los problemas de la criminalidad y de la violencia, pues deriva naturalmente hacia un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana como objetivo central de las políticas, incluidas desde luego las de seguridad, a diferencia de la seguridad absolutista del Estado o, peor aún, de determinado orden político. ¿Cómo ven una seguridad a la carta para el próximo gabinete?
Además, en su informe la CIDH explica que en años recientes los aportes de la academia y de los organismos internacionales especializados han permitido un mejor acercamiento al concepto de seguridad ciudadana, diferenciándolo del concepto de “seguridad humana”, construido sobre todo a partir de los análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se concibe como la situación social en la que las personas sin discriminación alguna pueden gozar libremente de todos sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas cuentan con la suficiente capacidad para garantizar su ejercicio, en el marco de un Estado de derecho, y para responder con eficacia cuando aquellos son violados. Sin cancelarla, la seguridad ciudadana se vuelve en este marco, por el contrario, una condición necesaria, aunque insuficiente, de la seguridad humana, que es finalmente la última garantía del desarrollo humano. “Por consiguiente –afirma la CIDH– las intervenciones institucionales para prevenir y controlar el fenómeno del delito y la violencia (políticas de seguridad ciudadana) pueden considerarse una oportunidad indirecta pero significativa para, por un lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos. Para la CIDH, entonces, la construcción de una política sobre seguridad ciudadana, propia de un Estado y un régimen democrático, que es al que aspiramos, debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y límite infranqueable para las intervenciones del Estado. Estos se encuentran establecidos en los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como en los pronunciamientos y jurisprudencia de los órganos de control que integran los diferentes sistemas de protección. Por ello en varias ocasiones la comisión ha recordado a los Estados miembros, incluido México, su obligación de garantizar la seguridad ciudadana y el estado de derecho, dentro del pleno respeto a los derechos humanos. Y afirma que es a partir de esta premisa como “deben definir y llevar adelante las medidas necesarias para garantizar los derechos más vulnerables frente a contextos críticos de altos niveles de violencia y de criminalidad”.
Por tanto, la sociedad en México considera importante transitar de una visión de seguridad nacional, de seguridad interior, e incluso de seguridad pública, a una de seguridad ciudadana, y reconocer las obligaciones del Estado con relación a los derechos a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personales, así como al disfrute pacífico de los bienes. Sin perjuicio de ello, las obligaciones positivas y negativas del Estado respecto a la seguridad ciudadana, también comprometen el derecho a las garantías procesales y a la protección judicial, a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad de las personas, a la libertad de reunión de asociación, y al derecho a la participación en los asuntos de interés público. La ciudadanía debe participar en el diseño, implementación, control y evaluación de las políticas, mediante intercambios y controles horizontales. No se trata de un privilegio. Es también un derecho. (la jornada de mexico 12/6/2011)